El líder empresarial advirtió que esta actividad ilícita genera competencia desleal, debilita la inversión formal y fortalece redes criminales que operan en diversas regiones del país.2 min lectura

Lima, 05 de junio de 2026. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata, alertó sobre el impacto de la minería ilegal en la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del Perú, al señalar que esta actividad ilícita se ha convertido en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

Durante una entrevista en Canal N, el dirigente empresarial sostuvo que la expansión de la minería ilegal no solo afecta la recaudación fiscal y el empleo formal, sino que también está vinculada al incremento de delitos que golpean diversas regiones del país.

«Minería ilegal alimenta de manera directa la delincuencia y la extorsión», afirmó Zapata al referirse a la creciente presencia de redes criminales asociadas a esta actividad.

El titular de la CONFIEP explicó que la minería ilegal opera fuera del marco normativo vigente, sin cumplir obligaciones tributarias, laborales ni ambientales, lo que genera una competencia desleal frente a las empresas formales y limita las oportunidades de desarrollo en distintas localidades.

Asimismo, advirtió que esta situación perjudica la atracción de inversiones y afecta el crecimiento económico de regiones con alto potencial minero. Según indicó, la ausencia de controles y fiscalización dificulta la consolidación de proyectos que podrían generar empleo formal y recursos para las comunidades.

En materia de seguridad, Zapata remarcó que las actividades vinculadas a la minería ilegal mantienen una estrecha relación con estructuras criminales que también participan en delitos como la extorsión y el sicariato. Según explicó, esta problemática viene impactando a ciudades y provincias donde la presencia de estas organizaciones se ha fortalecido en los últimos años.

El representante gremial también expresó su preocupación por iniciativas legislativas que buscan flexibilizar los mecanismos de control sobre insumos utilizados en actividades extractivas. En ese sentido, advirtió que una menor fiscalización podría facilitar el uso indebido de materiales peligrosos por parte de organizaciones delictivas.