Por Redacción Minería Hoy
El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, que cuestiona la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, así como disposiciones penales relacionadas con la minería ilegal. La audiencia, que tuvo lugar el 12 de noviembre, ha quedado pendiente de decisión.
Uno de los temas centrales del debate fue la posible continuidad de la exclusión de responsabilidad penal en el proceso de formalización, en caso de que se aplique a quienes accedan al régimen de consolidación propuesto en la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), según lo informado por RPP.
Samuel Abad Yupanqui, representante del Colegio de Abogados de Loreto, argumentó que el vencimiento del registro no resolvería la controversia, ya que la disposición penal se refiere a aquellos en proceso de formalización y no menciona específicamente al Reinfo. "La norma penal excluye de la pena a quienes están en proceso de formalización. Eso lo dice la norma penal y esa norma es permanente, no acaba el 31 de diciembre de este año", indicó Abad.
Por su parte, el procurador público especializado en materia constitucional del Ejecutivo, Luis Alberto Huerta Guerrero, afirmó que la protección vinculada al Reinfo finalizará el 31 de diciembre de 2026. Según su interpretación, esta protección dejará de aplicarse cuando se elimine el supuesto que la habilitaba, y será responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial interpretar las disposiciones penales bajo el nuevo régimen.
El presidente del TC, Pedro Hernández Chávez, planteó la necesidad de una modificación en el artículo 307-A del Código Penal si existen dudas sobre su alcance. En tanto, Juan Carlos Prado Herrera, representante del Congreso, defendió la prórroga del Reinfo como una medida de transición, destacando que en 2025 había 29,580 expedientes vigentes, muchos de los cuales aún requerían cumplir con requisitos ambientales y documentación arqueológica.
Finalmente, el procurador del Ejecutivo subrayó que la demanda confunde a los mineros informales con aquellos que realizan minería ilegal y que la exclusión de responsabilidad penal tiene antecedentes normativos desde 2017. La audiencia concluyó sin que se emitiera una declaración de inconstitucionalidad sobre la ampliación del Reinfo ni sobre las disposiciones penales cuestionadas.
Fuente: Rumbo Minero. Elaboración editorial: Minería Hoy. Imagen: Rumbo Minero.
