La Defensoría del Pueblo advierte la existencia de más de 90 conflictos sociales relacionados con la actividad minera2 min lectura
Más de 90 conflictos en torno a la minería se han registrado en los últimos meses en Perú, y existe el riesgo de que aumenten en el futuro. Aunque las protestas que paralizaron al país han disminuido en los últimos meses, el clima de tensión en torno a la minería persiste y podría generar una mayor conflictividad social en los próximos meses.
Según informes de la Defensoría del Pueblo, en abril y mayo se registraron más de 90 conflictos relacionados con la minería cada mes (95 y 94 casos, respectivamente). Estas cifras representan los números más altos de la última década. En general, en abril se alcanzó un pico de 225 casos de conflictividad social, y aunque en mayo la cifra descendió ligeramente a 223 casos, el 67.1% de ellos se atribuye a la minería.
Uno de los casos que podría desencadenar un aumento de la conflictividad social en el corredor minero del sur es el proyecto de ampliación de la compañía Minera Las Bambas, en Apurímac. La empresa busca expandir su zona de producción cuprífera, lo que podría afectar a 18 comunidades y generar preocupación por la posible contaminación ambiental.
Otro caso importante es el proyecto cuprífero Río Blanco, ubicado en Piura, que espera una inversión de US$2,500 millones por parte de la compañía china Zijin Mining. La población de las comunidades campesinas de la zona rechaza las actividades relacionadas con este proyecto debido al posible impacto ambiental en ecosistemas frágiles.
Estos conflictos no solo representan un riesgo para la inversión minera, sino también para la defensa ambiental. A pesar de que la mayor parte de la conflictividad social en torno a la minería tiene como sustento la protección del medio ambiente, los gobiernos regionales y locales de zonas mineras destinan muy poco de los recursos que reciben de la minería a proyectos ambientales.
Federico Tenorio, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, señaló la importancia de contar con un sistema que registre los acuerdos y compromisos asumidos por las empresas y el Estado en mesas de diálogo, para prevenir conflictos y facilitar su solución. Además, el Ministerio de Ambiente comenzará a fiscalizar el cumplimiento de los compromisos sociales de las empresas mineras.
En resumen, la conflictividad en torno a la minería en Perú sigue siendo alta, con más de 90 casos registrados mensualmente en los últimos meses. Los proyectos de ampliación de minas y la posible contaminación ambiental son algunas de las principales causas de estos conflictos. Además, se destaca la falta de inversión en proyectos de defensa ambiental por parte de las autoridades locales y regionales. Es necesario contar con un sistema que registre los compromisos asumidos por las empresas y el Estado para prevenir y solucionar estos conflictos de manera efectiva.
