Minería ilegal supera al narcotráfico: gremio constructor alerta que el Congreso pone en riesgo US$ 63,000 millones en inversiones3 min lectura

En los últimos siete años, la minería ilegal se consolidó como la principal economía criminal del Perú, superando incluso al narcotráfico con un movimiento de US$ 8,200 millones de origen delictivo. Sus consecuencias no son solo económicas: los distritos con mayor concentración de minería ilegal —Pataz en La Libertad, Atico en Arequipa y Ananea en Puno— registran tasas de homicidios hasta diez veces superiores al promedio nacional. Son las zonas más peligrosas del país, y la conexión con la actividad minera ilegal está documentada.

Frente a ese escenario, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresa su rechazo formal a la aprobación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso del dictamen del Proyecto de Ley N° 8853-2024-CR, que introduce modificaciones sustantivas a las condiciones económicas de las concesiones mineras, y que fue aprobado sin consulta técnica a los gremios ni a los actores del sector.

Lo que está en juego: US$ 63,000 millones

La minería formal es uno de los pilares de la economía peruana. Genera empleo directo para cientos de miles de trabajadores, produce divisas y financia, a través del pago de impuestos y canon, obras de infraestructura que llegan a municipalidades, gobiernos regionales y ministerios en todo el país.

La cartera de proyectos mineros formales proyectados al momento asciende a US$ 63,000 millones.

Esa cifra representa hospitales, carreteras, escuelas y empleos que dependen de que el Perú mantenga condiciones claras, estables y confiables para la inversión.

Modificar las reglas de juego de las concesiones mineras en plena campaña electoral —sin debate técnico, sin consulta a expertos y sin evaluar el impacto sobre la confianza inversora— pone en riesgo ese flujo de recursos. Y las consecuencias no las paga el Congreso. Las pagan los peruanos.

Una ley pendiente que no puede aprobarse a la ligera

La SNCI reconoce que existe un sector real de pequeños productores mineros que requieren un marco legal que facilite su formalización. Para ello está pendiente la elaboración y aprobación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), una norma necesaria pero que debe diseñarse con absoluta responsabilidad técnica.

El riesgo es concreto: normas mal diseñadas o aprobadas sin los controles adecuados pueden convertirse en puerta de entrada para redes de narcotráfico y lavado de activos que esperan exactamente este tipo de ventanas legales para blanquear capitales a través de la actividad minera informal.

La SNCI hace un llamado urgente al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas para que, antes de avanzar con cualquier modificación normativa al sector minero, se convoque a un diálogo técnico amplio, transparente e inclusivo con todos los actores del sector.

“El Perú no puede darse el lujo de ahuyentar inversión formal mientras la minería ilegal sigue expandiéndose, financiando crimen y destruyendo territorios”, sostienen desde la SNCI.