
Ley MAPE: debates y cuestionamientos sobre su elaboración en el Congreso2 min lectura
La Ley MAPE, propuesta en el Congreso de la República, busca establecer un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, su elaboración ha generado debates y cuestionamientos, especialmente por la activa participación de mineros informales en el proceso de redacción.
Participación de actores controvertidos
El borrador de la Ley MAPE se desarrolla en mesas de trabajo que incluyen representantes de organizaciones como la Confemin y la Fenamarpe, algunos de los cuales tienen registros suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). También participan figuras vinculadas a partidos políticos como Renovación Popular, Perú Libre y Podemos Perú, lo que ha despertado preocupaciones sobre la politización del proceso.
Propuestas controvertidas
Entre las propuestas del borrador destaca la servidumbre minera en concesiones inactivas, que permitiría a mineros informales explotar recursos tras un proceso de conciliación. Esta medida ha sido criticada por actores formales de la industria minera, quienes advierten que podría incentivar la invasión de concesiones y comprometer la seguridad jurídica del sector.
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Otras disposiciones incluyen un régimen especial para la adquisición y uso de explosivos y la delegación al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de la responsabilidad para otorgar certificaciones ambientales, propuestas que también han generado inquietudes.
Críticas a la imparcialidad del proceso
Expertos como César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, han cuestionado la imparcialidad en la elaboración de la Ley MAPE, señalando al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, como un factor que pone en riesgo la legitimidad del predictamen. Además, se ha enfatizado la necesidad de incluir a comunidades indígenas y representantes del sector formal en las discusiones.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió retirarse de las mesas de trabajo debido a la falta de neutralidad en el proceso, evidenciando la falta de consenso entre los actores involucrados.
Con estos antecedentes, el futuro de la Ley MAPE está marcado por tensiones y desafíos, mientras diversos sectores demandan mayor transparencia y representatividad en su elaboración.